La celebración de Demoagro, la gran feria en campo multi-marca
celebrada del 9 al 11 de mayo en San Clemente (Cuenca), me ha llevado a hacer
un pequeño análisis de la situación actual en España del sector de la mecanización agrícola,
más allá de si un evento de estas características es viable en su formato
actual, lo cual deberá ser abordado por las propias empresas expositoras en el
marco de ANSEMAT, la asociación que organiza la muestra.
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| 700 máquinas y un centenar de marcas participaron en Demoagro 2017. |
Yo quiero poner el foco esta vez en la (des)atención
demostrada por las autoridades nacionales ante una cita de esta magnitud.
Ningún alto cargo de ninguno de los Ministerios relacionados con el agronegocio tuvo el detalle de acudir y conocer en primera
persona, sobre el terreno, la problemática de un sector muy castigado en los
últimos tiempos. La agricultura no son solo agricultores, hay otros muchos
agentes también involucrados que merecen la atención de las autoridades.
De un tiempo a esta parte, los fabricantes están sufriendo
los efectos de una durísima normativa de emisiones, que para 2021 puede acabar
convirtiendo los motores en casi elementos de purificación de aire. Esto tiene
un coste, ¿quién lo asume?
Preguntas de este tipo son las que podrían haber escuchado
las autoridades en una hipotética visita a Demoagro. Como también habrían
escuchado opiniones sobre la ‘Directiva de seguridad’, el nuevo reglamento que
obliga a renovar y homologar otra vez todo lo que se vende antes del 1 de enero
de 2018.
Esto, como es lógico, deriva en procesos intensos de renovación de catálogos, lo que dificulta la regulación de inventarios para fabricantes y concesionarios, que en ocasiones auto-matriculan unidades para cumplir con el requisito legal de puesta en el mercado. Dicho de otra forma: las cifras oficiales de ventas de tractores difícilmente muestran la evolución “real” del mercado.
Esto, como es lógico, deriva en procesos intensos de renovación de catálogos, lo que dificulta la regulación de inventarios para fabricantes y concesionarios, que en ocasiones auto-matriculan unidades para cumplir con el requisito legal de puesta en el mercado. Dicho de otra forma: las cifras oficiales de ventas de tractores difícilmente muestran la evolución “real” del mercado.
Hay fabricantes que reclaman medidas transitorias más
flexibles que provoquen un impacto menor. Otra pregunta incómoda, de la que es más
cómodo huir.
Por otro lado, la nueva homologación de máquinas necesita
de laboratorios con capacidad para hacer los ensayos pertinentes. El único disponible
en España tiene una gran lista de espera y, según algunas marcas, con tarifas muy
elevadas. Las grandes multinacionales encuentran soluciones en otros países,
pero ¿y el fabricante nacional?
Y aquí entra otro actor en escena: el usado. En
tractores, por cada unidad nueva que llega al campo se producen tres cambios de
titularidad. Es decir, 3 a 1, una diferencia que no se ha reducido en los
últimos años, demostrando la inutilidad de los planes de ayudas, al menos en la
forma como se establecieron. Otro tema que también podría haberse analizado en
un marco como Demoagro.
Algunas propuestas lanzadas desde el sector, ajustadas a
la realidad del mercado, se han topado con el entramado administrativo que,
lejos de facilitar la búsqueda de soluciones factibles, acaba entorpeciendo o
incluso bloqueando su puesta en marcha.
Agricultura/Medio Ambiente, Industria, Exteriores, Economía, Hacienda. ¡Qué maravilla: cuántos ministerios y departamentos pendientes del campo! Pero nadie de sus altos mandos tuvo el detalle de pisar la tierra junto a los profesionales del sector: fabricantes, vendedores y usuarios.
